El próximo año se cumplen exactamente 20 años de la aparición en el escenario político regional de la familia Aguilar. Dos décadas plagadas de escándalos de corrupción, de procesos judiciales por parapolítica, de alternancia en el poder con el liberalismo adsorbido por la familia Tavera, el otro clan.
El modus operandi de unos y otros ha sido muy similar a la hora de gobernar los destinos de nuestro departamento. Licitaciones con únicos oferentes, más conocidas como licitaciones “sastre”, llamadas así porque se montan de acuerdo a las condiciones de la empresa que se la debe ganar y contratos directos con únicos proponentes como el surtido este año entre el Indersantander y la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales – SOTEA, domiciliada en Quibdó, Chocó.
Los primeros días del mes de noviembre fui ubicado por una persona conocida quien me entregó una copia de dicho contrato y una copia de los costos de unos implementos deportivos utilizados para la realización del mismo. El día 3 de noviembre hice mi primer pronunciamiento público denunciando en redes sociales lo que a mi parecer eran unos costos exagerados para iniciar a niños y niñas del departamento en algunas disciplinas deportivas.
En el transcurso de esa semana insistí vía Twitter al gobernador Mauricio Aguilar, conocedor ya de este despropósito desarrollado en este contrato, exigiéndole separara del cargo al hasta entonces director del instituto, el señor Pedro Belén Carrillo. Oídos sordos y silencio cómplice fue la actitud asumida por parte del mandatario; lo que motivó de manera inmediata a que el día 8 de noviembre interpusiera quejas disciplinarias en los entes de control y denuncia penal ante la fiscalía general de la Nación. Posteriormente, el día 9 de noviembre publicamos aquí en La Pluma del Gato la primera columna de esta saga titulada ‘en las narices de todos’ en la que dimos detalles de la defraudación.
El escándalo fue tal que medios nacionales registraron la noticia y que posteriormente el mismo periódico regional y su unidad investigativa determinaran que no se trataba de una simple irregularidad en un contrato, sino que probablemente existía un carrusel de fundaciones al interior del Indersantander que operaba contratos similares.
Fui notificado por la Procuraduría y la Contraloría regional del recibo de mis quejas y la Fiscalía General de la Nación dio trámite a la denuncia por mi formulada quedando esta por reparto en la fiscalía séptima de asuntos de administración pública. El día 29 de noviembre fui invitado a una sesión de control político en la Asamblea Departamental que promovió el diputado Ferley Sierra en la que tuve la oportunidad de intervenir, enrostrar la ilegalidad de haber suscrito un contrato sin licitación pública y de manera directa, violando flagrantemente la ley 80, saltándose los principios de la transparencia debida en estos procesos.
Al final de mi intervención le pedí de manera respetuosa pero tajante al señor Carrillo que se hiciera a un lado para que pudiera hacerse una investigación transparente, pedido que ese día y en ese mismo recinto le reiteré al gobernador Aguilar. Habían atiborrado las barras del recinto con empleados del Indersantander, intervinieron un par de diputados que oficiaron como defensores del director, posando como grandes conocedores de la contratación pública, en un escenario donde todo parecía indicar que como en ocasiones anteriores con otras denuncias nada pasaría.
Al final del debate un periodista me escribió que la ‘clase magistral’ que el diputado defensor del director del Inder dio, demostraba que todo estaba legal y correctamente ejecutado. A partir de ahí y casi que a diario insistí con mayor razón ante los organismos de control para que dieran celeridad a las investigaciones y fue así como el día lunes 5 de diciembre la Contraloría Departamental emitió un comunicado a la opinión pública dando a conocer las primeras medidas asumidas por este órgano de control.
La contraloría departamental abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el director del Indersantander y contra el coordinador de deportes y adicionalmente solicitó la suspensión inmediata del ejercicio del cargo del director Pedro Belén Carrillo y del coordinador de deportes. Medida que fue adoptada de manera inmediata por Mauricio Aguilar, no sin antes señalar en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Indersantander es un instituto descentralizado, autónomo en sus decisiones administrativas y contractuales. Como gobernador debo velar por los recursos del departamento y evitar el detrimento en las finanzas. Por eso, pedí la renuncia del hasta hoy director Pedro Carrillo”
Una lavada de manos monumental, planteando la supuesta autonomía e independencia del instituto y casi que con violación del debido proceso de Carrillo, a quien tácitamente señala como único responsable del detrimento de las finanzas públicas en este caso.
Ahí va este proceso, con toda la decisión del mundo de mi parte, hasta que haya completa claridad sobre este exabrupto y con la insistencia ahora a la procuraduría y fiscalía a que hagan lo propio y den la mayor celeridad a sus investigaciones para evitar que se siga cometiendo el saqueo constante y permanente de nuestros recursos ‘en las narices de todos’
Emiro Arias Bueno
Economista – Magister en ciencia política.
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