En una auténtica “batalla política” se ha convertido el proceso de elección de la nueva Fiscal General de la Nación, que por contar por primera vez en la historia con tres mujeres ternadas por el presidente de la República, sabemos ya, deberá ser una mujer.
La Corte Suprema de Justicia es la encargada de elegir de esa terna a quien reemplazará al peor fiscal de la historia de Colombia: Francisco Barbosa; sí, el mismo que presumió de ser el hombre “mas preparado de Colombia”, el que le puso escoltas a sus mascotas, el mismo que un fin de semana y en pleno confinamiento por pandemia se fue de paseo con sus amigos el contralor general que resultó ser también el jefe de su esposa junto con su hija a la isla de San Andrés con recursos públicos, le bastó inventarse una rueda de prensa en la que explicó que supuestamente se encontraba allí “investigando al gobernador de San Andrés” todo en comisión oficial y con recursos públicos.
Como era de esperarse, la comisión de ‘absoluciones’ de la cámara, lo investigó y archivó rápidamente al establecer que no incurrió en falta disciplinaria alguna. Lo curioso fue que a las pocas semanas del archivo, cuotas de varios representantes a la cámara miembros de esa comisión de acusaciones que es la encargada de investigar al Fiscal, entraron a la fiscalía nombrados en provisionalidad desconociendo las listas de elegibles que actualmente existen para esa entidad.
Barbosa quien se esmeró con inusual y sospechosa insistencia en la preclusión de la investigación contra el expresidente Uribe desnaturalizando descaradamente el papel de acusador que tiene la entidad que dirige, archivó también la “ñeñe” política, (el escándalo por la entrada de dineros ilegales a la campaña de Duque, su amigo y mentor, el que lo puso en el cargo); promovió e impulsó con una inusual celeridad los procesos contra el hijo del presidente Nicolás Petro y contra Laura Sarabia la ex jefe de despacho de presidencia, violando la reserva del sumario y filtrándolos a la prensa, al tiempo que archivó las investigaciones contra su esposa y su vicefiscal Martha Mancera.
Se sabe que Barbosa desde el año pasado tiene un plan para seguir controlando la fiscalía en cuerpo ajeno por intermedio de su vice fiscal la señora Mancera, cuestionada e investigada por encubrir al jefe del CTI en el Chocó quien según denuncias de mismos agentes del CTI estaría al servicio de la mafia y el narcotráfico en esa región del país. Los agentes del CTI que denunciaron están investigados y suspendidos de sus cargos por el Fiscal; el denunciado sigue en ejercicio de sus funciones y a la vicefiscal Mancera rápidamente le archivaron la investigación sin mayores pesquisas ni corroboraciones.
Por este camino Barbosa, que forma parte de la rama judicial, se convirtió en el jefe de la oposición política, extralimitándose en sus funciones constitucionales como fiscal general pues durante todo su periodo se dedicó a proponerle peleas públicas al presidente Petro, a acusarlo de todo tipo de infundías, sin mas pruebas que su dicho.
La Corte por su parte al no elegir fiscal teniendo terna desde septiembre del año pasado parece estarle haciendo el juego al fiscal para que la elección se dilate y así este pueda colocar en interinidad a su ficha la vicefiscal Martha Mancera situación que provocó tanto el llamado del presidente Petro como manifestaciones públicas de la ciudadanía en el sentido de exigirle a la Corte que cumpla con su deber constitucional de elegir.
Luego de las manifestaciones, que según el presidente fueron infiltradas por la oposición para generar caos y violencia, esta última acusó al presidente de instigar la violencia, y la Corte se quejó de estar recibiendo presiones indebidas exigiendo respeto por la independencia de la rama judicial, los grandes medios amplificaron y tergiversaron el hecho llamándolo “secuestro y sitio” y así Petro de nuevo terminó acusado por la gran prensa de provocar una desinstitucionalización del país.
Ambas acusaciones falaces y fuera de contexto, sin ningún fundamento fáctico, constitucional ni legal, y tal y como se califica en el título de esta columna: hipócritas.
Una Corte permeada por la política, en la que buena parte de sus miembros tienen como padrinos políticos a senadores y representantes, que además tienen cuotas en la fiscalía de Barbosa desde asistentes del CTI, Fiscalías locales y Seccionales, Direcciones Seccionales, Fiscalías Delegadas ante Tribunales y la misma Corte, nombrados en provisionalidad y desconociendo las listas de elegibles que arrojaron los concursos de méritos; cuyos miembros se encubren mutuamente al rechazarse recíprocamente los impedimentos manifestados por algunos de ellos por ese motivo, no tiene ninguna autoridad ni ética ni judicial, ni tampoco política para reclamarse presionada indebidamente.
Pero además, la decisión que deben tomar, no es una decisión judicial, sino una decisión administrativa: escoger y nombrar fiscal general. De manera que decir que están siendo indebidamente presionados, es por lo menos impreciso y capcioso, pues ni las protestas ciudadanas ni la petición del presidente buscan influir sobre el sentido de alguno de sus fallos judiciales, sino que buscan que la Corte cumpla su deber constitucional y legal de elegir fiscal.
No está demás recordarle a la Corte que su poder como máximo órgano de la rama judicial al igual que el de todos los demás poderes del poder público deriva -según nuestra constitución- esencialmente del Pueblo, luego, que la ciudadanía le exija a la Corte mediante marchas, protestas y manifestaciones que cumpla sus deberes no comporta, como ahora quieren hacerlo ver ninguna presión indebida.
Es como si el propietario de una vivienda le alquilara a un inquilino que luego no le paga arriendo que fue lo que se pactó en el contrato y cuando este viene a reclamarle que cumpla, el inquilino le enviase la policía alegando una ‘presión indebida’. ¡No, señores magistrados, su autoridad proviene del pueblo, de la ciudadanía, que se las confirió en la constitución, ustedes como servidores públicos se deben a ella, y que esta les reclame no constituye ninguna presión indebida, es su derecho! ¡Ustedes no son el propietario, son el inquilino del ejemplo! ¡Faltaba más!
Lo que si resulta reprochable es que la Corte retarde su decisión, que evidentemente favorece los intereses de algunos de sus miembros en mantener sus poderosas, ineptas y muy bien remuneradas cuotas burocráticas en la Fiscalía de Francisco Barbosa y ahora posiblemente por virtud de esta “jugadita” marrullera y dilatoria en la de su vice fiscal Martha Mancera.
¿Cuál independencia de poderes? Si se sabe que los magistrados tienen padrinos políticos, que se cruzan favores y nombramientos con los congresistas y con la procuraduría para eludir el régimen de inhabilidades, que tienen cuotas en esta fiscalía a la cual deben elegirle cabeza y ¿Cuál presión indebida? Si el pueblo soberano es su jefe y por tanto que este les exija que cumplan su deber constitucional y legal es absolutamente legítimo.
Que la Corte cumpla su deber y elija, que deje de dilatar y hacerle el juego a su espurio benefactor, que deje de invocar falsas razones y alegar presiones indebidas y cumpla con la constitución y la ley.
La verdad casi siempre resulta irrespetuosa, especialmente para los corruptos e hipócritas, desde los tiempos de los fariseos del Sanedrín judío que ordenó crucificar a Jesús hasta hoy, quienes en público y de día se rasgaban las vestiduras aduciendo defender a su pueblo y el estricto cumplimiento de la ley judía, mientras de noche y en privado se sentaban a manteles con el invasor romano para cometer todo tipo de latrocinios contra su pueblo.
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