La semana pasada se conoció que la procuraduría archivó “por falta de pruebas” el proceso disciplinario que se seguía contra la exministra Karen Abudinen por el robo de 70 mil millones de pesos del contrato conocido como “centros poblados” que pretendía desde el ministerio de las TIC del gobierno de Iván Duque dotar de internet a las escuelas rurales del país.
La decisión no deja de sorprender por varias razones, pero principalmente por la forma como se suscribió el cuestionado contrato, porque en todo caso la ex ministra, principal responsable de los contratos firmados por ese ministerio como ordenadora del gasto, ahora resultó inocente para la procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, su amiga personal, razón por la que esta última tuvo que declararse impedida para investigarla, pero que antes de irse se aseguró de que un subalterno suyo tomase la decisión.
También sorprende el archivo porque en este caso particular el dinero desembolsado como anticipo se perdió, es decir, el daño se consumó, mientras que en casos como el del ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández o el del ex alcalde de Cartagena William Dau que rápidamente fueron declarados culpables por la procuraduría no se perdió un solo peso y porque pese a que tanto uno y otros casos son igualmente graves, llama la atención el criterio diferencial con el que el órgano de control determina las responsabilidades disciplinarias.
Igual ocurre con la celeridad de los procesos, mientras unos duermen el sueño de los justos en los anaqueles de las “ías” otros corren y se sustancian a la velocidad de la luz dependiendo del perfil político del investigado.
Pero además resulta difícil de creer, a la luz de la mas elemental lógica y desde todas las reglas de la experiencia, que un contrato de esa magnitud hubiese sido firmado y además aprobado el desembolso de un anticipo de 70 mil millones de pesos que luego se robaron, sin que -como ahora afirma la procuraduría- la ministra lo supiese. Todo parece indicar que la pueril excusa del “no sabía” y del ” todo fue a mis espaldas” les sigue funcionando a los corruptos del país.
Es que tal y como funcionan las cosas en Colombia, en donde casi toda la contratación pública es tomada como botín, relacionada y controlada para su adjudicación por los ordenadores del gasto nombrados allí por sus jefes con ese propósito, resulta poco creíble que un contrato de ese monto hubiese podido ser adjudicado sin que el ordenador del gasto, en este caso la ex ministra que era la encargada de autorizarlo, no se hubiese enterado de lo que estaba ocurriendo.
La procuraduría motivó su decisión de archivar el proceso contra la ex ministra en que según argumenta, Abudinen habría adoptado todas las medidas para exigir el cumplimiento del contrato.
Lo que olvidó mencionar la decisión es que si bien es cierto así fue, ello solo ocurrió luego de que el país entero conoció por los medios de comunicación todas las irregularidades del contrato y mas de un año después de firmarse y realizarse el desembolso, y que para cuando lo firmó, mas aún, para cuando ordenó el desembolso del anticipo, el mismo no cumplía con los requisitos legales, pues no se había verificado la autenticidad de las pólizas que garantizaban su ejecución.
Ese solo hecho, en otras circunstancias y con otra procuraduría, seguramente habría bastado para sancionar al ordenador del gasto, pero se trataba de una amiga del gobierno Duque, de su amiga la Procuradora, con un vínculo común: la familia Char, todos ellos socios políticos entre sí.
Pese a que las investigaciones periodísticas pudieron establecer que para el robo de los 70 mil millones existió todo un entramado de corrupción, es decir, una organización criminal estructurada para ese fin, hasta hoy solo existen 3 personas capturadas por esos hechos, todos ellos ex funcionarios de nivel medio en el ministerio de las TIC de la época.
Es sabido que los grandes desfalcadores del erario, suelen utilizar firmones, subalternos suyos, algunos ingenuos otros osados, que firman todo lo que les ponen de presente, los primeros por ignorancia y los segundos a cambio de alguna parte del negocio.
Y no necesariamente por una relación de confianza o amistad, como pudiera pensarse, pues entre ellos pueden llegar a odiarse y a temerse entre sí, pero se respetan sus espacios de poder, se encubren entre ellos, una especie de chantaje, de extorsión consentida, un “hagámonos pasito que nos sirve a todos”.
En una isla fiscal de Santander viene ocurriendo algo parecido. Aún no decido como titular esa columna, si “La Isla” o “ El Doctor 7%”.
También es sabido que algunos corruptos ordenadores del gasto orquestan el torcido, lo dejan listo, se van de licencia o vacaciones o aprovechan las épocas decembrinas para que otro los firme. Son datos y hay que darlos.
A diferencia de Rodolfo Hernández y de William Dau que llegaron a sus respectivos cargos sin formar parte de estructuras políticas, la ex ministra Karen Abudinen, es costeña, había ejercido la actividad política en la Costa Caribe y está vinculada políticamente con la Casa Char de Barranquilla, teniendo esos mismos aspectos como sitios comunes con la procuradora Cabello.
En conclusión, esta sorpresiva decisión revive los cuestionamientos sobre el papel de los órganos de control en Colombia, las denominadas “ías”, la contraloría, la procuraduría y la fiscalía, cooptadas por los políticos, unas veces como máquinas de guerra política contra quienes no forman parte de sus pandillas, siempre como fortines burocráticos para parientes, amigos y cruce de favores con jueces y magistrados y otras, como parece ser en este caso, a manera de escudo contra la acción de la justicia, es decir como garantía de impunidad, justamente todo lo contrario para lo que se supone fueron creadas.
Una decisión más, que “traída de los cabellos”, entrará a formar parte de los tristemente célebres “archivos de la impunidad” de Colombia.
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