El pasado 20 de junio miles de empleadores en Colombia recibieron la noticia de que no podrían seguir cotizando a sus trabajadores por días y menos del salario mínimo, cómo se venía haciendo desde el 2020 que se decretó el Piso Mínimo de Protección Social (PPS).
Luego de tres años que duró este experimento, hay que plantear si realmente vale la pena seguir apostando por políticas de empleo que desmejoren las condiciones de los trabajadores con la promesa de reducir la informalidad, como las que se aplican en Colombia desde hace décadas.
De las perlitas que nos dejó el gobierno de Iván Duque, una de las más criticadas y trascendentes fue sin duda el Piso Mínimo de Protección Social (PPS), el cual permitió que por primera vez en Colombia trabajadores dependientes e independientes pudieran cotizar por días con ingresos inferiores al salario mínimo a una “nueva” seguridad social.
Esta “nueva” seguridad social funcionaba como un esquema de reproducción de desigualdades, ya que creaba un régimen alterno mucho más precario y deficiente a la seguridad social tradicional (Ley 100 de 1993).La improvisación en su diseño y ejecución generó que el PPS (artículo 193 de Ley 1955 de 2019) fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional (C-276/21), haciendo que el experimento de la cotización por días y por ingresos inferiores a un salario mínimo durara solo 3 años en el país.
Durante los tres años que duró el PPS, las empresas podían pagar a sus empleados por días, menos del salario mínimo y cotizar menos (15% del ingreso) de lo que se cotiza normalmente a seguridad social (desde el 21,5% del ingreso).
A cambio, los trabajadores entraban a un esquema de protección social que precarizaba considerablemente sus prestaciones sociales, ya que reemplazaba la cotización a pensión por pagos a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el pago de riesgos laborales (ARL) por un seguro provisional de menor cuantía y la cobertura de salud contributiva por la del régimen subsidiado 1.
Es decir, el PPS ofrecía una versión más pobre y limitada de la seguridad social pensada para reducir los costos a los empleadores. Este “papayazo” fue probablemente aprovechado por muchas empresas que redujeron sus gastos de contratación pagando menos del salario mínimo y desmejorando las prestaciones sociales a sus empleados.
Sin embargo, el PPS también atacaba un problema importante: permitía a los empleadores liberar su carga de prestaciones laborales, las cuales son proporcionalmente altas en Colombia.
Por ejemplo, actualmente si un trabajador gana al mes $ 1’160.000 (salario mínimo 2023), la empresa o empleador tiene que pagar al final $ 1’951.552 para cubrir todas las prestaciones laborales al trabajador (Salud, pensión, ARL, parafiscales y prestaciones).
Es decir, un empleador tiene que pagar más de setecientos mil pesos (desde $ 790.000) adicionales al salario de un empleado para cubrirle todas sus prestaciones 2. Situación que incentiva a muchas empresas a no cotizar nada a sus empleados y explica por qué en Colombia más de la mitad de los trabajadores están sumergidos en la informalidad laboral3.
Los programas como el PPS plantean el falso dilema de que para reducir la informalidad se deben desmejorar las prestaciones a los trabajadores a través de mayor flexibilización contractual.
Pero esto no tiene por qué ser así: economistas como Mariana Mazzucato (2022)4 o Betcherman, Daysal y Pagés (2010)5 han planteado la pertinencia de propuestas que reduzcan la carga empresarial a través de subvenciones públicas al pago de la seguridad social. Algo muy similar a lo que se propuso con la reforma tributaria del 2012: hacer que las empresas paguen menos por trabajador, y que el estado cubra la diferencia de ese pago6. De esta forma no habría que precarizar a los trabajadores ni obligar a las empresas a que paguen las altas sumas extras al salario del trabajador.
En la práctica, las políticas de empleo como el PPS crean más problemas de los que soluciona. El experimento del anterior gobierno de crear una desmejorada seguridad social para los trabajadores más pobres funcionaba más para profundizar las desigualdades sociales que para solucionar de fondo el problema de la informalidad laboral. No podemos pretender tapar un hueco (informalidad) agrandando otro (desigualdad social). La apuesta -pensamos- debe ser por políticas que ataquen la informalidad sin desconocer el contexto social y económico que vivimos los colombianos y que afecta a todos los trabajadores en general.
1 Decreto 1174 de 2020 (2023) Juriscol. Disponible en: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039778
2 Joaquín López. (2022) Un Trabajador Le Costará desde $1,9 millones a su empleador con alza de 2023, Diario La República. Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/un-trabajador-le-costara-desde-1-9-millones-a-su-empleador-con-incremento-de-2023-3510001
3 DANE (2023). Empleo informal y seguridad social, Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
4 M. Mazzucato (2022), Cambio transformacional en América Latina y el Caribe: un enfoque de política orientada por misiones (LC/TS.2022/150/Rev.1), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) https://repository.eclac.org/handle/11362/48298
5 Betcherman, G., Daysal, N., & Pagés, C. (2010). Do Employment Subsidies Work? Evidence from Regionally Targeted Subsidies in Turkey. Labor: Personnel Economics. https://doi.org/10.1016/J.LABECO.2009.12.002
6 David Romero (2016). El efecto que generó la reforma tributaria de 2012 en el empleo. Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/el-efecto-que-genero-la-reforma-tributaria-de-2012-en-el-empleo-2430691
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