Como quedó claro en las pasadas elecciones, una abrumadora mayoría ciudadana tanto en Santander como en Bucaramanga al momento de decidir su voto optó por dar prioridad al tema de la seguridad, siendo ese quizá el principal motivo por el que tanto El General Juvenal Díaz como El Pastor Jaime Andrés Beltrán resultaron elegidos gobernador y alcalde respectivamente con un mandato o encargo que como solemos redactar los abogados en los poderes es ‘especial, amplio y suficiente’ para gestionar las soluciones a ese apremiante y complejo problema público del departamento y la ciudad.
Así pues, una vez elegidos y habiendo sido el tema de la seguridad su principal promesa de campaña es probable que la evaluación y seguimiento de su gestión por la ciudadanía se centre también en ese aspecto, es decir, que tanto el alcalde como el gobernador deberán saber traducir y concretar la seguridad de promesa de campaña en política de gobierno y sobre todo en resultados.
‘Escoba nueva barre bien’ y ‘el chofer en la arrancada’ dice el refranero popular por lo que los primeros nombramientos y decisiones relacionados con el tema pueden ir indicando la hoja de ruta y la estrategia que seguirá cada uno para lograr llevar a buen término el mandato ciudadano de recuperar la seguridad.
Ambos cuentan con una gran ventaja: el contundente respaldo ciudadano que obtuvieron en la urnas de forma abrumadora y apabullante que como diría Jorge Barón llena de ‘¡Eeen…tusiasmo!’ a propios y extraños, lo que en teoría les daría por ahora la legitimidad y gobernabilidad suficientes para tomar decisiones creativas, audaces y contundentes. Se requieren decisiones y en especial resultados rápidos pero sobre todo continuos y permanentes.
La política como el fútbol, es un estado de ánimo, por lo que es clave saber aprovechar el que actualmente existe, en seis meses la opinión ciudadana de Santander y Bucaramanga podrían ser muy diferentes.
El General Díaz además cuenta con otras ventajas: su liderazgo entre las autoridades militares y de policía y su vasta experiencia en el tema; sin embargo no debería olvidar que ahora es un político y no un militar, que gobierna un Departamento y no manda una Brigada, que debe argumentar sus decisiones desde la política, porque a diferencia de las órdenes militares, las órdenes administrativas están sometidas al debate y la controversia públicas de los órganos de control político, de la ciudadanía y de la opinión.
El alcalde Beltrán tiene otra: tener un gobernador que le es afín política e ideológicamente y que está comprometido con la seguridad.
Por otro lado ambos tienen en contra una gran desventaja: tanto el gobernador como el alcalde se ubican en una línea ideológica en materia de seguridad distinta a la del presidente de la república, pues mientras desde presidencia se habla de ‘paz total’ y se ponen las concesiones, la negociación y el diálogo como prioridades de la política de seguridad, en lo regional, gobernador y alcalde se muestran proclives a dar prioridad al orden y la autoridad, una diferencia de criterio que no debería ser un obstáculo insalvable para la política, pues como dicen por ahí ‘lo cortés no quita lo valiente’ y así como se sabe que tanto gobernador como alcalde son hombres prudentes que entienden que ya no son candidatos sino mandatarios y que todo lo que digan o escriban puede traer consecuencias políticas para la región se sabe también que el presidente es un hombre que escucha argumentos y además hay varios santandereanos que le hablan al oído por si los congresistas no cumplen con su tarea de hacerlo.
El tema de la seguridad es tan complejo, con tantas aristas y transversales, que intentar resolverlo por decreto y apelando a las tradicionales estrategias fallidas mas que una imprudencia resultaría una necedad.
Cualquier solución debería involucrar a las tres ramas del poder público por lo menos en lo regional; a la bancada santandereana, a la fiscalía, a los jueces, a las autoridades militares y de policía. Sobre esta última institución hay que decir que falta capacitarlos y especializarlos mas y además mejorarles los incentivos por resultados los que hay que empezar por cumplirles, pues se sabe que a hoy, un positivo contra la delincuencia es ‘premiado’ en muchos casos con doblar de turno a los policías con el argumento de la necesidad del servicio y la falta de personal.
Otra cosa: pensar que nombrando expertos en seguridad (ex militares y ex policías) en las carteras políticas encargadas del asunto o que con consejos de seguridad y decretos copiados de otras administraciones se resuelve el tema es ingenuo, quizá bien intencionado, pero finalmente ingenuo y en el peor de los casos ‘populista y demagógico’ y la ciudad está cansada del populismo tanto así que lo rechazó en las urnas. Ya el ex alcalde Cárdenas tuvo como secretario del interior a un ex general de la policía con toda clase de cursos, por poner un ejemplo y ahí están los resultados. ¿Por qué insistir en lo mismo que antes no funcionó? No le encuentro razón. Tal vez por ahí no esté la solución.
La percepción ciudadana también será clave y ahí jugarán un papel esencial los medios de comunicación. Oportuno recordar el ‘efecto pigmalión’ también llamado ‘efecto Rosenthal’ algo así como que nos convertimos en lo que creemos y pensamos que somos.
Por su complejidad, el tema amerita como primera medida un buen diagnóstico, basado en estudios rigurosos, pero además deberá ser estratégicamente abordado, desde la ciencia, la operatividad, y esencialmente desde la política porque los problemas públicos se resuelven con decisiones políticas y porque un tema como la seguridad involucra a muchas instituciones de poder público que están por fuera del alcance y la influencia de las competencias legales y constitucionales de los gobernantes territoriales, por lo que el manejo político será fundamental para lograr articularlas.
Varios componentes podrían ser claves en la actual coyuntura para afrontar el problema: el liderazgo, el conocimiento, la articulación institucional, la tecnología y el que quizá sea el mas importante de todos: la política. Pero además se necesitan recursos, convenios inter-administrativos y alianzas público-privadas para capacitación y operatividad.
Liderazgo para tomar las decisiones oportunas, adecuadas y argumentadas y que se concreten en la práctica; conocimiento para tener un buen diagnóstico del problema; articulación institucional para lo cual es esencial un liderazgo que logre involucrar en la solución a todos los actores institucionales (las tres ramas del poder público y demás autoridades); la tecnología para prevenir e intervenir el problema público y la política para argumentar tanto ante el poder como ante los ciudadanos las decisiones que se requieran. Y los recursos…indispensables. Sin plata nadie marcha…ni la institucionalidad.
Aunque las decisiones políticas de los gobernantes serán determinantes, y respaldo en su totalidad el propósito de recuperar los parques para la recreación y el esparcimiento de las familias, jóvenes y niños, creer que la seguridad se recupera de un plumazo y por decreto es tan ingenuo como pensar que la paz de Colombia se pueda lograr por el mismo camino, prueba de ello es que hace ya mucho tiempo atrás consignamos en nuestra Constitución que ‘la paz’ es un derecho fundamental y aún así parecemos estar lejos de conseguirla; por poner otro ejemplo en lo local: ya en la administración de Juan Carlos Cárdenas, en el año 2020 siendo alcalde encargado el entonces secretario del interior y hoy concejal de Bucaramanga Jose David Cavanzo, mediante el decreto municipal 0403 de 2020 se había prohibido el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en áreas de espacio público como parques y sitios aledaños -también a 60 metros- de centros educativos, deportivos y culturales, medida que no se cumplió, no se cumple y pienso no se cumplirá, por dos sencillas razones: por la imposibilidad fáctica y operativa de garantizar su cumplimiento y por los intereses económicos que en el caso de los comerciantes de bebidas alcohólicas se ven involucrados. Sino me creen léanse el decreto y dense una vueltica por los alrededores de la UIS, de la UNAB y de la Ciudadela Universitaria en Real de Minas. ¿Entonces?…
¿Decrétese la Seguridad?…
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2 comments
Los decretos de seguridad Son medidas políticas y no de seguridad.
Para que las cosas cambien se debe primero enviar, educación, salud y bienestar social, detrás de todo esto que venga el policía con el bolillo
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