Ya son varios los empresarios que mediante mensajes en redes sociales y con el pretexto de hacer advertencias sobre el futuro del país -en lo que ellos consideran un acto de responsabilidad social y ciudadana- vienen insinuando y exigiéndoles a sus empleados no votar por Gustavo Petro y votar por el candidato del “orden y la seguridad” bajo amenaza de hacer uso de su facultad de despedirlos.
El caso más sonado últimamente es el del empresario uribista Sergio Araujo Castro, quien escribió hace poco en la red social twitter: “Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”
La publicación provocó todo tipo de reacciones, entre ellas una del mismo candidato del pacto histórico quien le replicó: “No señor Sergio, un empleado que vote por mi no tiene que ser echado de su empresa porque si es así, usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir”.
Pero este no es el único caso, el gerente de la empresa de lácteos COLANTA, la misma que incrementó el precio de la leche más de un 50% en los últimos seis meses aduciendo el aumento del costo de los insumos y cuyo gremio en Colombia hace poco más de un año y en plena pandemia prefirió derramar millones de litros de leche antes que donarla a los más necesitados para evitar así la caída de los precios, publicó esta semana una carta dirigida a todos su empleados y proveedores advirtiéndoles de manera soterrada y en clara alusión a Gustavo Petro que de votar por este se quedarían sin trabajo.
Otro empresario que ha optado por el mismo comportamiento es Mario Hernández, el reconocido propietario de la marca de ropa y accesorios, quien no ha ahorrado oportunidad para manifestar su rechazo al candidato Petro; la última de ellas con una afirmación bastante ofensiva y sin ningún tipo de sustento argumentativo: “Si tu hijo es Petrista, fracasaste como Padre” Escribió en sus redes sociales. Propietarios de empresas como Vélez, la marca fabricante de artículos de cuero, han hecho lo mismo.
Pero no son todos. Buena parte del empresariado del país en particular aquellos que han demostrado en el pasado un alto grado de responsabilidad social están apoyando a Petro.
Sobre este tema hay varias cosas que deberíamos entender: La primera es que el empresariado es parte esencial del desarrollo económico del país al ser ellos los que generan puestos de empleo; pero también es cierto que la riqueza que los empresarios producen se debe en gran parte al trabajo de sus empleados, luego insinuar que un sector no necesita del otro, o que uno de los dos es más importante es necedad y falta de empatía.
En lo que atañe a si un empresario o empleador puede insinuarles o exigirles a sus trabajadores por quien votar o no, es claro que la ley no solo prohíbe sino que sanciona esas conductas como delito de constreñimiento al sufragante que consiste en : “el que amenace por cualquier medio a un ciudadano con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años”.
De otra parte, una cosa es la libertad que tiene el empleador de seleccionar a su personal y decidir a quien contrata –que no se discute- y otra muy diferente a que por razones políticas, religiosas, de sexo, o cualquier… otra decida despedir a su empleado o amenazar con hacerlo sino vota por quien él le exige, lo cual podría constituir además del constreñimiento los delitos de actos de discriminación y hostigamiento descritos en los artículos 134A y 134B del Código Penal sancionados con penas que van desde 12 a 36 meses de prisión.
Conductas como estas son otra forma de violencia política electoral porque coartan el libre ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos sopretexto de ejercer una pretendida facultad del empleador que ejercida por esos medios, con esos fines y en esas circunstancias es absolutamente ilegal y delictiva.
De manera que si usted es empleador debería evitar inducir, amenazar e invadir la órbita personal de sus trabajadores en lo que refiere a sus preferencias políticas y si usted es empleado y es víctima de este tipo de actos debería denunciar. También aplica para el sector público.
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2 comments
Toda la marrulleria que utiliza el establecimiento para amedrentar a los ciudadanos para que no voten por petro es un delito, dese la participación en política del su presidente y de zapateiro , pasando por las empresas privadas y entidades públicas que obligan a sus empleados a llevar un número de invitados a las contracciones de Federico.
Existe otra realidad con la cual nos toca cargar y es el hecho que no justicia que castigue estos hecho , pues está siendo administrada por ellos mismos
La esperanza es salir masivamente el 29M y acabar está dictadura que tenemos en Colombia. Y ganar en primera vuelta.
Mi voto es por Gustavo Petro y Francia Márquez
No solo las entidades o empresas privadas lo están haciendo, también en el sector público están obligando a los empleados por OPS a que voten por el otro candidato opuesto a Petro o de lo contrario les cancelan el contrato, caso muy conocido en Cartagena, es el del Bienestar Familiar.
De igual forma el mismo Estado a través de sus gobernantes están armando cuánta artimaña se les ocurre para frenar a Petro y sus votantes, vemos cómo la Registraduria está supuestamente organizando las votaciones, reduciendo mesas y agrupando los jóvenes como los más seguros votos de Petro en una misma mesa superando el máximo de votantes que debe votar en dicha mesa de acuerdo al tiempo de votación, con el fin de que los demás no puedan votar y así quitarle votos a Petro, vemos cómo la contralora nacional asume funciones de suspender alcaldes sin que esa sea su competencia y las autoridades no dicen nada! Se muestra. Alas claras el terror que sienten a qué Petro gane las elecciones, por eso todos a votar temprano y a estar vigilantes del proceso
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