Rodolfo: ¿va o no va?

La pregunta mas importante y que podría definir el resultado de la elección por la gobernación de Santander es en mi opinión la que titula esta columna.

Porque pienso que una cosa es esa elección con Rodolfo y otra sin él.

A pesar de su situación jurídica y su lamentable estado de salud, Rodolfo es -sin haber salido a hacer campaña- el favorito para ganar la Gobernación y sus rivales lo saben. Cosas raras de ese extraordinario fenómeno político que sigo pensando es Rodolfo Hernández.

La cuestión consiste en si el Consejo Nacional Electoral resuelve revocar o no la inscripción de Hernández teniendo en cuenta que existen en su contra tres sanciones disciplinarias en firme registradas en el sistema SIRI, que lo inhabilitarían para participar en la contienda electoral.

El articulo 38 de la ley 734 de 2002 que fue subrogado por el articulo articulo 42 numeral segundo de la ley 1952 de 2019 menciona de manera expresa en su numeral 2 como una de “otras causales de inhabilidad” para ejercer cargos públicos la siguiente: “Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los ultimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendra una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la ultima sanción”

Rodolfo Hernández cumple con esos cuatro presupuestos legales de carácter objetivo. Es decir, el sistema de información y registro de inhabilidades (SIRI) le registra tres sanciones disciplinarias en los últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas.

La primera sanción es por el caso del “cachetadón” al ex concejal Jhon Claro en el año 2018; la segunda por decirle “corrupto” a Wilson Motta, un funcionario de carrera de la alcaldía involucrado en varios hechos de corrupción; y la tercera por haber insultado verbalmente al veedor ciudadano Fernando Martinez conocido en redes sociales como ‘Palermo’.

Las tres sanciones están en firme, es decir, no tienen recursos en sede de procuraduría y solo podrían ser anuladas por el Consejo de Estado por demanda administrativa en contra del acto que las impuso lo cual es poco probable ocurra antes del 29 de Octubre.

Las tres sanciones fueron impuestas dentro de los últimos cinco años y a partir del 2018 y las tres fueron impuesta por faltas graves.

De manera que bajo esa causal objetiva de inhabilidad Rodolfo Hernández estaría inhabilitado para desempeñar cargos públicos y en consecuencia para ser elegido Gobernador de Santander por lo que es de esperarse que el CNE revoque su inscripción como candidato en esa elección. Sin embargo en caso de que el CNE no resuelva el asunto antes del 29 de Septiembre, último plazo para que los partidos reemplacen candidatos, la inscripción de su candidatura seguiría en vilo pero en firme lo que le permitiría participar de las elecciones.

Por ser una causal objetiva que no admite interpretación, lo razonable es pensar que el CNE está obligado por la ley a revocar la inscripción de la candidatura de Hernández.

De otra parte se sabe, según ha informado el portal La Silla Vacía, que Hernández ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el órgano de justicia internacional que le devolvió los derechos políticos al hoy presidente Gustavo Petro cuando en ejercicio de su cargo como alcalde de Bogotá fue destituído y sancionado con 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el entonces procurador Alejandro Ordoñez Madonado.

Sin embargo hay que advertir que existen varias diferencias sustanciales tanto en la situación fáctica, (es decir en los hechos); como en la jurídica (los presupuestos legales y jurisprudenciales) y en la situación política entre el caso de Petro y el caso de Rodolfo que harían en principio inviable o muy poco probable que la CIDH le conceda a las medidas cautelares que ha solicitado y que son las siguientes:

Petro era alcalde en ejercicio elegido por voto popular. Rodolfo no está en ejercicio de ningún cargo y por obvias razones no ha sido elegido aún por voto popular por lo que sus derechos políticos y los de sus eventuales electores a diferencia de los de Petro son una mera expectativa.

La decisión que concedió medidas cautelares a Petro y le permitió volver a la alcaldía de Bogotá, lo hizo con base en tres razones fundamentales: para proteger los derechos políticos suyos y los de sus electores adquiridos en las urnas; para restablecer la violación de garantías judiciales (imparcialidad y doble instancia, que el órgano que juzgaba y sancionaba fuese distinto al que había investigado y acusado) y;  para proteger su integridad personal ante la evidente persecución política por parte del régimen político colombiano.

A diferencia de Petro, y aunque la misma CIDH le ha reclamado al estado colombiano que la reforma a la procuraduría de 2020 que pretendió separar las funciones de investigación y juzgamiento no cumple el fallo, pues sigue siendo la misma entidad a través de distintas dependencias las que siguen investigando, acusando y juzgando lo cierto es que formalmente esas funciones se separaron para el caso de Hernández, por lo menos para el trámite de dos de las sanciones. Ahí tendría un boquete.

Aunque Hernández ha dicho que fue amenazado de muerte, e incluso que se fraguaba un atentado en su contra durante la última campaña presidencial, lo cierto es que la persecución política de la que evidentemente es víctima no es equiparable con la persecución política, penal y personal a la que estuvo sometido un rebelde político que desde muy joven fue perseguido, capturado y torturado por el Estado como es Gustavo Petro no por razones disciplinarias ni penales, sino exclusivamente políticas.

Una última diferencia, esta si exclusivamente política es que en el ámbito internacional, y en especial ante un órgano como la CIDH, no es lo mismo la figura de un reconocido internacionalmente ‘opositor político’ al régimen colombiano como es Gustavo Petro, pobre, y rebelde, a un outsider millonario, que aunque irreverente y disrruptivo fue hasta hace muy poco tiempo, el candidato que recibió el apoyo en segunda vuelta de ese mismo régimen para intentar llegar a la presidencia.

Existen entonces diferencias sustanciales entre el caso Hernández y el caso Petro, tanto en la situación fáctica como en la jurídica y también en la política, que hacen muy poco probable que las medidas cautelares que ha solicitado Hernández ante la CIDH sean concedidas.

Por estas razones considero que es poco probable y casi imposible que por esta última via Rodolfo Hernández pueda continuar en la competencia electoral por la gobernación de Santander.

Luego mi respuesta a la pregunta que titula esta columna es contundente y clara: No va.

Para consultar el certificado especial de antecedentes disciplinarios COMPLETO  del candidato a la gobernación de Santander  Rodolfo Hernández dé click en el siguiente enlace: PROC RODOLFO HERNANDEZ