El levantamiento de la suspensión general para el porte de armas de fuego en Colombia que firmó el presidente Abelardo de la Espriella despertó todo un debate tanto en el país político como en la ciudadanía.

El primer dignatario defendió la medida debido a que “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, escribió.

El jefe de Estado aseguró que “las cifras muestran dónde está la verdadera amenaza: entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, nuestra fuerza pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”

Pero ante la pregunta de qué es lo que implica esta medida, el presidente fue claro en que no se trata de quitar las regulaciones actuales sobre el porte legal de armas.

El decreto de De la Espriella lo que hace es restablecer la eficacia de permisos individuales vigentes, pero no habilita a cualquier ciudadano para portar un arma.

El jefe de Estado lo resaltó en sus declaraciones oficiales: “Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla. Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”.