Alguna vez le dije a Rodolfo Hernández que si de verdad quería luchar contra la corrupción debía esmerarse por tener a las ‘ías’ de su lado.
Las ‘ías’ son el acortamiento plural de la fiscalía, la procuraduría y la contraloría, encargadas de vigilar y sancionar penal, disciplinaria y fiscalmente a quienes abusan de su poder en beneficio propio o de terceros para, violando la ley, apoderarse de los recursos públicos.
Los corruptos saben que para poder hacer de las suyas sin que pase nada deben tener bajo control a las ‘ías’ bien haciéndoles favores a sus ‘dueños’ o teniendo el control de estas.
Mientras tanto quienes denuncian siguen preguntándose: ¿porqué no pasa nada? ¿porqué no avanzan las investigaciones? ¿porqué con pruebas tan contundentes no hay capturas, ni siquiera imputaciones?
Hace unos meses atrás, antes de las elecciones, denuncié en la W radio como poderosos políticos de Santander como el senador Jaime Durán y el representante Oscar Villamizar, este último de quien recordemos fue presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el órgano encargado de investigar al fiscal general; tienen bajo su control político y burocrático la fiscalía y la procuraduría en Santander y como ese poder les ha servido para por un lado someter a sus rivales políticos y cruzarse favores con sus amigos o socios y de otro para perseguir con ‘todo el peso de la ley’ a sus adversarios en una grosera instrumentalización de la justicia que usan unas veces como escudo y otras como arma política.
Ello explicaría porqué -por ejemplo- varias investigaciones penales y disciplinarias caminan muy lentamente en la fiscalía y en la procuraduría, algunas desde hace 6 y mas años atrás -esperando la prescripción- en favor de amigos o socios políticos de Durán y Villamizar, como el ex-candidato a la gobernación de Santander Héctor Mantilla; y cómo también, peculiarmente, en casos como el de Vitalogic contra Rodolfo Hernández se movieron con una inusual celeridad.
Según un informe de la Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República emitido en Julio de 2023 Santander se encuentra en el top 10 de departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción con el 94,1% de impunidad, junto a Departamentos tradicionalmente destacados por sus altos índices de corrupción como Casanare, Putumayo, Guainía, Guaviare, Caldas, Huila, Cundinamarca y Boyacá.
El alcalde electo de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán viene denunciando en sus redes sociales lo que considera presuntas pero muy graves inconsistencias en la contratación de entidades como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito y el Area Metropolitana y ha anunciado que interpondrá las denuncias correspondientes.
Quizá eso explique la esmerada preocupación durante su mandato del alcalde saliente Juan Carlos Cárdenas por mantener ‘excelentes relaciones’ a nivel regional con Jaime Durán y Oscar Villamizar y a nivel nacional con Germán Vargas Lleras de quienes se sabe tienen el control político de la Fiscalía y a quienes Cárdenas colmó de favores, nombramientos y contratos durante su gobierno.
Pero las cosas podrían cambiar desde febrero del próximo año con la eventual salida del tristemente célebre Francisco Barbosa de la Fiscalía General y la llegada de una fiscal (será mujer) de la terna femenina que el presidente de la república le ha presentado a la Corte Suprema de Justicia para que elija nueva Fiscal General de la Nación.
Por esas razones es muy probable que las mafias de la corrupción en todo el país estén pensando en sabotear la elección de la nueva fiscal, que busquen por todos lo medios conseguir que esa elección no se de y que en cambio se designe como fiscal interina a Martha Mancera actual vice-fiscal general y mano derecha del encubridor Francisco Barbosa.
Pero existe un hecho que hace mas probable esta última situación, y es que varias fuentes humanas dentro de la misma fiscalía en Santander le informaron a La Pluma que el magistrado santandereano Fernando Castillo Cadena, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el órgano que deberá elegir a la nueva fiscal, tiene cuotas burocráticas en la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander por lo que también se vería beneficiado de no darse esa elección y prolongarse así -por interpuesta persona- el poder de su amigo y benefactor Francisco Barbosa.
Cosas que uno no entiende de la ‘independencia de la justicia’ en nuestro país porque la ley supone que unos son los que investigan (Fiscales) y otros los que juzgan (Jueces) y se ve mal -por decir lo menos- que quienes eligen al fiscal general tengan luego cuotas burocráticas en la fiscalía.
De manera que la puja por prolongar el poder de Barbosa a través de su vicefiscal la señora Mancera o elegir una nueva fiscal de la terna tiene muchas aristas e intereses, pues no solo involucra a los dueños políticos de la fiscalía, a aquellos poderosos que tienen investigaciones penales en su contra, sino también la pretensión del mismo Barbosa de perpetuarse por interpuesta persona, y ahora probablemente, los intereses burocráticos de quienes deberán elegir o aplazar la elección de la la nueva fiscal.
Por ahora, mantenerle el poder al encubridor es lo que parece ser les conviene a todos menos al país y en especial a Santander en donde la justicia, la política y el clientelismo parecen haberse conjugado en un turbio cóctel para mantener la impunidad.
Ahí podrían estar entonces las respuestas para las preguntas que se hacen quienes denuncian.
Oscuro panorama para las denuncias por corrupción en nuestro departamento que se espera podría cambiar si en febrero próximo la Corte Suprema elige nueva Fiscal General de la Nación y no aplaza el asunto, como todo parece indicar les conviene a todos.
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