Lo que está ocurriendo en la DIAN ya no solo es escandaloso e ilegal, es la tapa de la politiquería, la impunidad y la burla a la justicia, una fiel radiografía de como en Colombia la politiquería y el clientelismo suelen pasar por encima de la constitución y la ley e incluso de las órdenes de las autoridades judiciales. Todo esto ante la mirada cómplice de los poderes públicos y los órganos de control, sin que nadie hasta ahora parezca tener algún interés en resolverlo.
A los ya escandalosos cuestionamientos por la corrupción y la infiltración de los carteles del contrabando a esa entidad, que salieron a la luz pública con los sonados casos de Jenny Ambuila (la del Lamborghini) la ostentosa hija del exfuncionario de la DIAN Omar Ambuila en el Chocó condenado a mas de 12 años de cárcel por lavado de activos y mas recientemente el de “papá pitufo” alias de Diego Marín Buitrago, un empresario colombiano conocido como el «zar del contrabando» y presunto líder de una vasta red criminal implicada en corrupción y lavado de activos, se suma ahora otro que podría dejar entrever algo aún mas oscuro en esa entidad: la estrecha relación de políticos con esas redes criminales y su interés en seguir manteniendo a la DIAN bajo su control.
Por disposición legal y constitucional la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) tiene dentro de sus principales funciones, tres, que son claves, tanto para quienes lavan dinero del narcotráfico y la corrupción administrativa como para los contrabandistas, a saber: la función aduanera, la función de fiscalización y la función tributaria.
De manera que todo el que se dedique a cualquiera de esas actividades ilícitas, el contrabando, el narcotráfico o robarse los recursos públicos, tiene potencial interés en mantener fichas o controlar el poder en la DIAN.
Para nadie es un secreto que buena parte de las campañas políticas en Colombia, tanto las de congreso como las presidenciales son y han sido financiadas con recursos provenientes de dichas actividades ilícitas.
Por esta última razón no parece casual que luego del concurso de méritos realizado en el año 2022 para proveer por meritocracia mas de 4.700 vacantes en esa entidad, al cual se presentaron cerca de 280 mil personas en todo el país, siendo ganado por cerca de 3.640 ciudadanos (1.3% de los participantes ) que en una verdadera maratón intelectual y luego de cumplir con todos los rigurosos requisitos de formación y experiencia superaron en pruebas de idoneidad y conocimiento al restante 98.7%, la DIAN siga burlando la meritocracia, coleccionando órdenes judiciales de arresto y multas que les han impuesto los jueces (de manera simbólica porque no pasa nada) al tiempo que estos últimos vienen engavetando los incidentes de desacato, sin que pase absolutamente nada porque ni la procuraduría, ni la presidencia de la república, ni ninguna otra autoridad administrativa se ha interesado en el tema.
Y digo que no es casual porque mientras los que ganaron el concurso se han visto obligados a recurrir a acciones de tutela para reclamar que los nombren en los puestos que se ganaron a pulso, entre el director nacional de la entidad, los regionales, e incluso algunos jueces, pareciera obrar una especie de complicidad por virtud de la cual, las reclamaciones vienen siendo engavetadas, las sanciones por desacato burladas sin que pase nada y a punto de que las listas de los elegibles que ganaron el concurso pierdan vigencia.
Mientras todo esto ocurre, hace menos de una semana, con cerca de 9000 vacantes disponibles, los políticos, en plena campaña electoral de congreso y ad portas de las presidenciales lograron mediante la resolución 492 de 2025 firmada por el director general de la DIAN Carlos Emilio Betancourt Galeano, hacer nombrar a dedo y en encargo a 218 personas, algo absolutamente contradictorio e incoherente si se tienen en cuenta las múltiples y diversas excusas que ha esgrimido la entidad ante los jueces para no cumplir la orden que le dio la mismísima Corte Constitucional en la sentencia C-197 para que proceda a nombrar a los que ganaron el concurso.
Toda una burla a la constitución, la ley, la justicia, el mérito y la ciudadanía, ¡a la vista de todos! ¡Incluso del presidente Petro! … lo peor, con cierto aire de complicidad tanto de los jueces como de los órganos de control, la procuraduría, la fiscalía, de Presidencia, mejor dicho, ¡de todos! quienes con su silencio cómplice observan complacientes cómo los políticos siguen nombrando allá sus cuotas mientras el director general y los regionales siguen burlándose de las órdenes judiciales sin que pase absolutamente nada.
Por ahora la DIAN pareciera seguir siendo la ‘presa’ que ni los políticos ni la mafia quieren soltar.
¿Por qué será?…
Juzguen Ustedes.
