Respeto todas y cada una de las denominaciones religiosas existentes, desde el catolicismo hasta el hinduismo, pasando por el luteranismo y el zoroastrismo. Sin embargo, considero que la elección religiosa de una persona está profundamente condicionada por su entorno geográfico, familiar y cultural. En buena medida, nacemos en una tradición religiosa que nos precede y que, desde nuestros primeros años, influye en nuestra manera de comprender el mundo.

También he considerado que la religión, que dista mucho de ser lo mismo que la espiritualidad, puede convertirse en una herramienta de control social y adoctrinamiento.

Durante siglos, la Iglesia católica construyó una de las estructuras de influencia cultural más poderosas de Occidente, sustentada en una doctrina que ofrece respuestas, establece normas de conducta y promete la redención a través del arrepentimiento. Su capacidad para moldear conciencias y orientar comportamientos ha sido innegable.

Hoy, América Latina enfrenta una nueva etapa de tensión entre religión y política. En distintos procesos electorales de países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, los sectores religiosos han adquirido visibilidad como actores políticos, aunque su influencia y sus resultados varían de un país a otro.

El problema no radica en que los creyentes participen en política —un derecho legítimo en cualquier democracia—, sino en que determinadas organizaciones religiosas conviertan la fe en una plataforma de poder, promuevan discursos excluyentes y presenten sus convicciones particulares como si fueran verdades incuestionables para toda la sociedad.

Cuando el fundamentalismo religioso se combina con el nacionalismo radical, la polarización y la obediencia acrítica a determinados liderazgos, se configura un escenario propicio para el autoritarismo. En esas circunstancias, la Biblia puede dejar de ser una referencia espiritual para convertirse en un instrumento de legitimación política, mientras las preocupaciones por el destino de la nación aparecen, convenientemente, al ritmo de las campañas electorales.

En Colombia, las llamadas despectivamente «iglesias de garaje» —una expresión que no necesariamente describe la naturaleza ni la legitimidad de estas organizaciones— han adquirido relevancia en determinadas dinámicas electorales. Su capacidad de movilización merece un análisis serio, especialmente cuando las estructuras de liderazgo religioso se articulan con maquinarias políticas y redes de respaldo electoral. El desafío democrático consiste en establecer dónde termina la libertad de culto y dónde comienza la instrumentalización de la fe con fines de poder.

Bucaramanga merece una discusión particular. La influencia política de los pastores Beltrán y Portilla, y de los sectores que los respaldan, plantea interrogantes sobre la relación entre liderazgo religioso, poder electoral y gestión pública. Mi cuestionamiento se dirige a la manera en que esa influencia se traduce —o deja de traducirse— en resultados concretos para la ciudad. La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones sobre la planeación, la ejecución de proyectos estratégicos, la movilidad, la inversión pública y las decisiones de endeudamiento del municipio.

La gestión pública no puede evaluarse por la intensidad de los discursos morales de sus gobernantes ni por las convicciones religiosas que estos proclamen. Debe juzgarse por sus resultados, por la transparencia de sus decisiones, por la calidad de sus políticas y por su capacidad para responder a las necesidades de la población. El nepotismo, la improvisación, la falta de capacidad administrativa y el eventual uso del poder en beneficio de intereses particulares, cuando estén debidamente sustentados, deben ser objeto de escrutinio público, sin importar si quienes los protagonizan se presentan como defensores de la fe, de la moral o de cualquier otra causa.

No se trata de perseguir creyentes, estigmatizar comunidades religiosas ni promover una “cacería de brujas”. Tampoco de negarles a las iglesias el derecho a participar en el debate público. Se trata de defender una democracia en la que ninguna autoridad religiosa esté por encima de la crítica, ningún dirigente político pueda escudarse en la fe para eludir sus responsabilidades y ningún ciudadano renuncie a su criterio personal por obediencia a un líder espiritual.

La verdadera preocupación aparece cuando la lealtad religiosa sustituye la evaluación de los hechos, cuando la identidad de grupo pesa más que los resultados de gobierno y cuando el voto se convierte en un acto de obediencia antes que en una decisión consciente e informada. En ese punto, el problema ya no es la religión: es el debilitamiento del pensamiento crítico.

Por eso, el título de esta columna no es casual. En el relato bíblico de la Pasión de Cristo, la multitud pide la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. La escena plantea una pregunta incómoda sobre la capacidad colectiva de distinguir entre lo que se proclama de labios para afuera y lo que realmente se elige.

¿Estaremos acaso condenando la razón para liberar a nuestros propios “Barrabases políticos”?

¿Estaremos eventualmente entregando el destino de nuestras ciudades y de nuestro país a dirigentes que confundimos con “salvadores”, mientras renunciamos a exigirles resultados?

Una democracia no se debilita porque sus ciudadanos tengan fe. Se debilita cuando dejan de cuestionar a quienes ejercen el poder en su nombre.

Cuando la fe se convierte en obediencia política, la pregunta deja de ser ¿a quién adoramos? y pasa a ser ¿a quién estamos dispuestos a entregarle nuestro futuro?

*Este artículo obedece a la opinión del columnista. La Pluma del Gato no responde por los puntos de vista que allí se expresen.