“La suerte está echada” cantaba Diomedes Díaz en una de sus canciones.

En su original en latín o en traducciones, la frase álea jacta est es atribuida a Julio César por Suetonio en su obra ‘Vidas de los doce Césares’ en el momento que este liderara su ejército al cruzar el río Rubicón en el norte de Italia, límite entre Italia, territorio metropolitano de Roma,​ y la Galia Cisalpina, provincia que le había asignado el Senado romano a éste.

Mediante este paso se rebeló contra la autoridad del Senado y dio comienzo a la larga guerra civil contra Pompeyo y los optimates. Se supone que a ningún general romano le era permitido entrar en la jurisdicción de Roma con sus legiones, de otra manera, se entendía que este se había declarado en rebeldía contra el gobierno.

Es usada en muchos idiomas para indicar que los eventos han pasado a un punto de no retorno, que son irreversibles o inevitables.

Y qué mejor frase para describir el momento político y judicial que vive Colombia. Cada fallo, cada decisión, cada palabra que pronuncian las altas cortes parece sellar no solo el destino de los implicados, sino también el pulso del país entero.

El reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá a favor del expresidente Álvaro Uribe volvió a dejar al descubierto algo que ya sabíamos, pero que muchos se niegan a aceptar: la justicia colombiana no es ciega, está coja y muchas veces arrodillada. La sensación que queda en el ambiente es que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y que el poder —cuando se viste de influencia política y mediática— logra torcer el curso de los procesos.

No se trata solo de Uribe. Se trata de un sistema judicial que, más que impartir justicia, parece responder a intereses oscuros y a presiones de quienes han gobernado este país por décadas. La gente lo siente en la calle, lo comenta en los cafés, lo escribe en las redes: la justicia en Colombia huele mal. Y cuando una nación pierde la confianza en sus jueces, pierde el alma de su democracia.

Ante esto, el llamado del presidente Petro a una Asamblea Constituyente no puede verse únicamente como una movida política. También puede entenderse como un grito para replantear las bases mismas del Estado. Las constituciones no son textos sagrados escritos en piedra; son pactos vivos entre el pueblo y su gobierno. Y como todo pacto, deben evolucionar con el tiempo, con las necesidades y los dolores de la gente.

Una Constitución que no cambia termina desconectándose de la realidad. Hoy, cuando la desigualdad, la corrupción y la desconfianza son las protagonistas, es legítimo preguntarse si no ha llegado el momento de modernizar nuestro sistema judicial, hacerlo más transparente, más ágil y sobre todo, más justo.

“La suerte está echada”, sí, pero todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. Si algo nos enseña la historia —y la sabiduría popular— es que los pueblos que no se resignan logran reescribir su destino. Quizás sea hora de hacerlo, con una Constitución que responda, por fin, a las verdaderas necesidades de Colombia y no a los intereses de su putrefacta élite política.