Medio país se encuentra paralizado por cuenta del paro contra la actualización catastral ordenada por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) quien es el encargado de decir cuanto es el valor oficial de los predios en Colombia.

Según denuncian los afectados, algunos predios tuvieron incrementos en su valor oficial de hasta el 2.500%  lo que afectará el monto del impuesto predial que deberán pagarle al municipio en donde se encuentre ubicado el predio.

La actualización catastral se realizó sin visitar los predios, omitiendo factores diferenciales como por ejemplo, los de  un predio destinado a pequeñas actividades agrícolas y otro improductivo, conocido como de ‘engorde’,  o,  entre un predio de propiedad de una pequeña familia campesina y otro de una gran empresa dedicada a la ganadería  industrial.

La medida, que de entrada, se muestra, por lo menos inoportuna, por el proceso electoral que se avecina, era una bomba social que tarde o temprano tenía que estallar, dado el rezago catastral del país de casi dos décadas sin que se actualizara el valor de los predios, por lo que existían -por ejemplo- predios que tenían registrado ante el IGAC un valor de 150 mil pesos, cuando en realidad en la actualidad pueden llegar a costar 1.500 millones de pesos.

Esa diferencia se traducía en que el Estado recaudaba menos impuestos, tanto por concepto de impuesto predial como por patrimonio.

La principal queja de los manifestantes que han cerrado las vías del país, es que se les aumentará el impuesto predial desproporcionadamente, que los ‘convirtieron en millonarios’ de la noche a la mañana para cobrarles mas impuestos y que además la medida podría afectar a muchas familias campesinas  de escasos recursos para su calificación en el SISBEN y su permanencia o acceso a los  programas sociales del estado.

Pero ¿Qué tan válidos son los reclamos de lo manifestantes? ¿Qué tan ciertas y razonables son sus consignas? ¿Qué podría haber detrás de este paro?

Lo primero que hay que decir, es que la actualización catastral no es una medida caprichosa del gobierno, había que hacerla pues es ordenada por la ley, que otros gobiernos no se hubiesen atrevido a hacerla podría haber obedecido a  intereses gremiales o incluso a cálculos políticos por su impopularidad.

Además el plan de desarrollo que votaron los colombianos por mayoría obliga al gobierno a realizarla.

Sin embargo, los errores cometidos durante el proceso de actualización catastral parecen evidentes. Es claro que no se puede recalcular el valor de un predio  “a ojo” o solo  con base en una tablas y fórmulas matemáticas desde la comodidad de una oficina en Bogotá sin el rigor técnico adecuado y sin por lo menos realizar visitas técnicas del IGAC para determinar los factores diferenciales de los que ya hemos hablado. ¿Si lo hace el SISBEN porqué no podía hacerlo el IGAC?

El tema de la oportunidad de la medida, es aparte. Otro cuento.  No se entiende cómo en plena época electoral, el gobierno decide adoptar una medida tan impopular que ciertamente legitima las protestas y lo pone contra las cuerdas, dándole -o dándose mejor- un  poco de los que algunos llaman,  ‘su propia medicina’: las movilizaciones populares, la protesta social.

¡Con un director del  IGAC como ese para qué jefe de la oposición!

De otra parte, la afirmación de que la actualización representa un incremento automático y desbordado del impuesto predial y que el responsable sería el gobierno nacional no es del todo cierta.

Veamos por qué:

Si bien, la actualización del valor oficial  de los predios afectará la liquidación del impuesto predial  lo cierto es que algunas de las consignas de los manifestantes no son precisas por varias razones:

Quien actualiza el valor oficial de los predios es el gobierno nacional a través del IGAC. Que fue lo que se hizo y pienso se hizo mal.

El impuesto predial es liquidado y cobrado por los municipios, no por el gobierno nacional, como lo afirman los manifestantes.

De manera que intentar culpar  al gobierno nacional de ‘incrementar el impuesto predial’  no solo es una afirmación  imprecisa, si no también falsa.

La ley 1995 de 2019  establece que el impuesto predial de predios rurales no podrá incrementarse mas del 50% de lo pagado en el año inmediatamente anterior, normatividad que deberán cumplir las secretarías de hacienda de los municipios al momento de liquidar el impuesto predial.

De manera que así el IGAC incremente el valor oficial de los predios y ello haga que la liquidación del predial suba, lo cierto es que la misma ley  establece  un techo máximo para que el incremento no supere el 50% de lo que se pagó el año anterior.  Caso aparte son los predios de mas de 100 hectáreas los cuales si admiten un incremento de hasta el doble de lo que se pagó el año inmediatamente anterior.

El IGAC no es el responsable de liquidar  los impuestos, solo define el avalúo o base gravable sobre el cual se van a cobrar los impuestos.  No cobra el predial, no define tarifas, eso lo hace cada alcaldía municipal: Así que el impacto real depende del municipio en donde se encuentre el predio. Cada Concejo municipal determina las tarifas que se van a aplicar a los avalúos que genera el IGAC.

El IGAC genera el avalúo, le dice al Estado cuánto vale la propiedad de cada persona, y cada Concejo municipal determina las tarifas a través de acuerdos municipales para cobrar sobre dicho avalúo el impuesto predial. Los encargados de recaudar son las Secretarías de Hacienda.

Otra cosa, es que los municipios (alcaldes y concejos) suelan disponer  algo diferente sin acatar esta ley, ello suele incrementar el impuesto predial por encima de los topes señalados en la ley.

Ello lo que significa, es que son los municipios y no el gobierno nacional los que deberán liquidar y cobrar el impuesto predial teniendo en cuenta este límite.

No obstante lo anterior, es conocida la práctica recurrente  de los municipios en su afán por recaudar el máximo posible, de volarse esos topes y cobrar mas de lo autorizado, para luego hacer descuentos ‘ficticios’ lo cual obedece,  según algunos expertos, a la falta de una política pública catastral que asigne órganos y procedimientos técnicos adecuados para ello.

Por eso resulta irónico escuchar a algunos alcaldes oportunistas y mentirosos acusar al gobierno nacional de ser el culpable «del incremento del predial». ¡Cinismo nivel Dios!

Hechas estas precisiones, se puede  concluir entonces que la protesta es legítima, que tiene razones fundadas, pero que está siendo utilizada por los sectores de oposición de manera oportunista para con base en afirmaciones totalmente falsas, hacerle oposición política al gobierno, que este por su parte incurrió en ligereza y falta de rigor técnico y consecuentemente en errores en la implementación de la medida, que no está ofreciendo una solución inmediata a los afectados intentando desplazar la responsabilidad del cobro equitativo del impuesto predial a los municipios pero sin dar soluciones concretas y sobre todo sin aplicar medidas que garanticen efectivamente  que los municipios no puedan excederse en ese cobro.

Lo que no me parece bien, es que para salirle a las protestas, el director del IGAC le diga a los manifestantes que la solución es que si les liquidan un impuesto predial excesivo le reclamen a las Secretarías de Hacienda de los municipios. ¡quéjese, ponga la denuncia! ¡esa no es ni respuesta ni solución!

Unos y otros se lavan las manos si darle soluciones concretas a los contribuyentes. ¡Típico!

Creo que no basta solo con eso. El gobierno nacional debe apremiar a los municipios para que cumplan los topes legales del incremento del impuesto predial y debe garantizarle a los manifestantes que obligará a los municipios a cumplir la ley.

En medio de esa pelea está la gente, los unos afectados por el eventual  incremento desproporcionado de los impuestos; y los otros por el cierre de las vías del país.

Colombia es un Estado alcabalero, además de corrupto, mafioso, inepto, mediocre y fallido, que solo sirve para cobrar impuestos y hacer elecciones, impuestos que luego se roba una élite política corrupta conformada por extremistas de derecha, y ahora de izquierda, que se señalan y acusan  mutuamente de ser los causantes de todos los males del país mientras la gente sufre en las calles sin  mas instrumentos  para defenderse que protestar y sin que el Gobierno que hoy está al mando de ese Estado les ofrezca soluciones concretas.

En el fondo los manifestantes tienen razón. Otra cosa es que la oposición de manera oportunista los esté utilizando políticamente.

Lo que debería hacer el gobierno es escuchar y aplazar esa actualización catastral que incrementa el impuesto predial y afecta indiscriminadamente el bolsillo de los propietarios hasta que garantice la expedición de reglas claras y precisas a los municipios para liquidar el impuesto predial sin excesos y cumpliendo los topes. Eso como ‘paño de agua tibia’, y solo  para resolver la crisis, porque lo que en realidad se requiere según los expertos es una política pública catastral unificada  que implemente y aplique criterios técnicos para gestionar el catastro.

Defiendo y defenderé siempre  el derecho a la protesta pacífica, venga de donde venga, y mas si tienen razón. Lo que me extraña es que esta vez los que en el pasado condenaron  la protesta social  y el cierre de vías estén tan calladitos; y que los que antes  la defendían ahora estén contra ella.

Nota: Comentario de Jairo Avella en redes sociales para analizar: “Lo irónico es ver  cómo quienes criticaban, señalaban y criminalizaban la protesta social pasaron de criticar los bloqueos a adelantar los mismos. Pero los medios de comunicación no han señalado a ninguno de los nuevos bloqueadores como desadaptados, vándalos, subversivos o vagos instrumentalizados… No, esta vez los bloqueos sí son válidos; al parecer, si quienes bloquean son Unidades de Trabajo Legislativo de honorables parlamentarios, son bloqueos dignos, porque los promueve «gente de bien»