América Latina ha convivido durante décadas con una pregunta incómoda: ¿los dictadores fueron un mal necesario para enfrentar el caos, la violencia y el terrorismo? La historia de países como Perú, Chile y Argentina demuestra que muchos gobiernos justificaron el autoritarismo prometiendo orden, seguridad y estabilidad. Sin embargo, el precio siempre termina siendo demasiado alto: miedo, persecución, censura y miles de vidas destruidas.
El caso de Alberto Fujimori en Perú es quizás uno de los ejemplos más complejos. Llegó al poder en medio de una profunda crisis económica y del terror provocado por grupos armados como Sendero Luminoso. Muchos peruanos aún reconocen que durante su gobierno se debilitó fuertemente a la insurgencia y se estabilizó la economía. Pero también es imposible ignorar la otra cara de la historia: el autogolpe de 1992, la concentración del poder, el espionaje ilegal, la actuación del Grupo Colina y del grupo paramilitar los “Ronderos”, responsable de asesinatos y desapariciones. La lucha contra el terrorismo terminó convirtiéndose, en muchos casos, en una guerra contra sus propios ciudadanos.
Algo similar ocurrió en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Su régimen justificó la represión como una defensa frente al comunismo y el desorden político. Pero detrás del discurso de seguridad existieron centros de tortura, desapariciones y persecución sistemática contra opositores. La Operación Cóndor mostró hasta dónde podían llegar varios gobiernos de la región cuando el miedo se convirtió en política de Estado.
En Argentina, Jorge Rafael Videla encabezó una de las etapas más oscuras de América Latina. La llamada “guerra sucia” dejó miles de desaparecidos y métodos de horror difíciles de imaginar, como los “vuelos de la muerte” y el centro de exterminio de la ESMA; hoy reconocida por la UNESCO. Todo en nombre de salvar la patria y eliminar al enemigo interno.
Colombia no vivió una dictadura militar tradicional como las anteriores, pero si ha tenido figuras políticas profundamente polarizantes alrededor de la seguridad y la lucha armada. Es inevitable que se comparen estos episodios con el de Álvaro Uribe Vélez y su fallida “Seguridad Democrática” que no fue más que un nombre elegante para justificar masacres.
Uribe gobernó en uno de los momentos más violentos del país y una parte de la población le reconoce haber debilitado militarmente a las guerrillas y devolver sensación de seguridad en muchas regiones. Sin embargo, también durante esos años salieron a la luz cuestionamientos relacionados con interceptaciones ilegales, vínculos de sectores políticos con el paramilitarismo y, sobre todo, los llamados “falsos positivos”: civiles asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
La diferencia principal entre Colombia y las dictaduras del Cono Sur es que aquí no se rompió formalmente el orden democrático ni se disolvieron las instituciones. Fue una dictadura blanda, caracterizada por compras de votos de congresistas y conciencias de Magistrados de las altas cortes. Cambió la represión y el miedo como moneda de cambio para copar el poder a través del dinero, las notarías, los bienes y baldíos. Pero las similitudes aparecen cuando el miedo se convierte en herramienta política y cuando parte de la sociedad empieza a justificar excesos estatales bajo la idea de que “el fin justifica los medios”.
Ese es el verdadero peligro. La historia demuestra que los pueblos cansados de la violencia suelen abrirle la puerta a líderes fuertes que prometen soluciones rápidas. Casos como el de Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, Franco en España. Y muchas veces, cuando la sociedad se da cuenta del costo de entregar demasiado poder, ya es demasiado tarde.
Hoy el panorama enfrenta dos campañas marcadas por los apoyos cuestionados, por el paramilitarismo, el narcotráfico e incluso el ruido de haber asesinado a uno de sus copartidarios para conseguir la nominación. De la Espriella y Valencia son más de lo mismo que ha sufrido Colombia desde hace 207 años de historia republicana.
De cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, el debate debería ir mucho más allá de izquierda o derecha. El verdadero reto está en evitar caer nuevamente en discursos donde la seguridad sirva para justificar abusos, o donde el odio político termine destruyendo la democracia desde adentro.
Colombia necesita firmeza contra el crimen, sí, pero también necesita memoria. Porque las distopías latinoamericanas no comenzaron de un día para otro; comenzaron cuando millones aceptaron perder libertades a cambio de la promesa de sentirse seguros
