En Santander, el cinismo suele vestir de paño y pedir votos en cada esquina.

El caso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es la herida abierta de un Departamento que vio cómo el dinero de sus niños se esfumaba entre facturas ficticias y raciones que nunca llegaron. Ya hay condenas, ya hay nombres tras las rejas, pero hay un eslabón perdido en esta cadena de impunidad: el control fiscal.

En el año 2016 la administración departamental de Santander en cabeza del gobernador Didier Tavera suscribió un contrato por más de $35.767 millones a  través de la Secretaría de Educación  con  la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, en ese entonces propiedad del llamado Zar del PAE de Santander, Germán Trujillo Manrique, quien ya fue condenado a tres años de prisión.

Con ese convenio conocido como el PAE (Programa de Alimentación Escolar) se buscaba asegurar la alimentación escolar a 124.000 estudiantes de 82 municipios de Santander. Funcionarios de esa administración como Aníbal González, coordinador del PAE; Ana Tarazona, secretaria de Educación, y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, empresa encargada de ejecutar el multimillonario contrato, ya fueron condenados también.

Sin embargo, a pesar de que se sabe que durante esa  gobernación ni una  hoja de un árbol se movía  en el palacio amarillo sin la orden o autorización del Jefe, nadie más,  ningún directivo u ordenador del gasto,  ha sido condenado…aún.

Al día de hoy el  juicio sigue ante la Corte Suprema de Justicia a paso de tortuga y con serios cuestionamientos sobre presuntos  impedimentos de Magistrados de la Corte que tendrían parientes suyos contratados en la Federación Nacional de Departamentos, entidad que hoy preside Tavera.

La primera alerta sobre este contrato la hizo en 2016  el Comité de Transparencia por Santander quien denunció que la licitación del contrato estaba dirigida a un contratista específico. Un solo oferente para un contrato de 35 mil millones. “El pliego de condiciones contenía  una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja. Por eso hubo un único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones, estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, dijo en ese momento María Juliana Acevedo, vocera de esa veeduría ciudadana.

Pero el Comité no solo se quedó en la denuncia sino que además, una vez adjudicado, le hizo seguimiento a la ejecución del convenio. La veeduría denunció que la comida nunca llegó a los niños pero que la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones cobró la totalidad del millonario contrato. “El dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento”, indicó la Fiscalía en un documento que hace parte de la investigación.

Durante la investigación, la Fiscalía encontró que el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos.

El caso, que además fue muy mediático  por los escandalosos y evidentes sobrecostos, fue conocido en medios nacionales  como el de los “tamales de 30 mil”. El costo de un tamal de la época por muy bueno que fuera y así llevara ‘caviar’ no superaba en promedio los 8 mil pesos.

La noticia así presentada no es nueva, por lo que cualquiera podría decir que se trata de un “refrito”, sin embargo, hoy cobra especial vigencia por una razón fundamental:  el contralor departamental  de la época era Diego Fran Ariza, amigo de vieja data y pupilo político de Tavera, quien aunque no intervino en la suscripción del contrato, por las funciones de su cargo como Contralor,  tenía el deber de vigilar no solo la transparencia del proceso de adjudicación sino también  el buen manejo de los recursos públicos y su correcta ejecución (culpa in vigilando).

Lo que se cuestiona es si Diego Fran Ariza, quien oficiaba como Contralor Departamental no solo falló en su obligación de velar por el erario, sino también si su silencio sepulcral ante el «único oferente» y los sobrecostos evidentes en ese contrato podrían  llegar a  configurar una negligencia calculada.

Como jefe del organismo de control, Ariza tenía el deber de vigilar y por los resultados vistos pareciera ser que no lo hizo, sino que pudo haber priorizado la lealtad a su mentor  frente a la protección del almuerzo escolar de los niños.

Ariza quien ha hecho casi toda su carrera política como ficha de Tavera, fue dos veces concejal de Bucaramanga, luego contralor departamental (como candidato del gobernador Tavera durante su administración, arrasando en la elección que hizo la Asamblea Departamental)  y  últimamente, Secretario de Hacienda del Departamento como cuota de esa casa política.

Diego Fran Ariza, era en ese entonces el encargado de cuidar que ni un peso se perdiera. Sin embargo, su gestión en la Contraloría pareció más una oficina de relaciones públicas del  gobierno de turno y…pues era de esperarse ¿o no? Fue el mismo gobernador quien lo hizo nombrar en ese cargo para que supuestamente lo ‘vigilara’.

No se trata aquí solo de un deber ético; se trata de una responsabilidad legal y técnica que Ariza pudo haber omitido. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-103/15), el control fiscal es la última línea de defensa del patrimonio público. Si el Contralor calla mientras el «Zar del PAE» se sirve un banquete con los recursos públicos, la omisión podría llegar incluso a tornarse en complicidad.

Hoy Ariza aspira a representarnos a los santandereanos en la  Cámara de Representantes , no solo con el ‘respaldo’; sino como candidato único y oficial a esa corporación, de su mentor, amigo,  jefe político  y otrora vigilado suyo, el exgobernador Didier Tavera. Simples coincidencias.

En ese orden, se puede afirmar entonces que Diego Fran Ariza tiene una deuda pendiente con los niños de Santander, por no haber vigilado adecuadamente -con el celo y la diligencia debidos- como Contralor Departamental, que los recursos para su alimentación se invirtieran adecuadamente. Por el contrario, durante su periodo como responsable del control fiscal guardó absoluto y sospechoso silencio al respecto.

Algunos analistas coinciden en que el  silencio de Ariza pudo no haber sido  gratuito  y que no se debería  premiar con una curul en la Cámara de Representantes a quien habiendo tenido en sus manos la  llave del candado, permitió que los ratones se comieran el queso de las escuelas de Santander.

Así pues, la deuda  de Diego Fran Ariza no es -por ahora-  con  la justicia penal o disciplinaria, eso deberán investigarlo y juzgarlo los jueces y los órganos de control;  es con cada niño que se quedó sin ración mientras él miraba hacia el techo.

¡Juzguen ustedes!